San Salvador, 06 de diciembre de 2019.
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Comunicado
Ante la tercera prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa para la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional y de Asistencia a Víctimas, según lo ordenado en la sentencia de la misma Sala de julio 2016 y posteriores resoluciones de seguimiento, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro – Memoria Histórica, exponen:
1. Que las y los diputados deben acatar con diligencia el fallo de la Sala de lo Constitucional de fecha 29 de noviembre de 2019, en la cual se le otorga un “un plazo adicional” a la Asamblea Legislativa, que finaliza el próximo 28 de febrero de 2020, para emitir la citada Ley, y le reitera que debe apegarse a los lineamientos ya establecidos por dicha Sala en este proceso, a fin de garantizar la aprobación de una ley que beneficie a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas desde las década de los años setenta en el contexto del conflicto armado, y no a quienes las perpetraron.
2. La Sala consideró insuficientes las acciones realizadas para formular dicha Ley, por parte de las y los diputados desde que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, y asimismo que “no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos” e insiste en que para poder diseñar y aprobar una normativa de justicia transicional la Asamblea Legislativa debe de evaluar y respetar los intereses de las víctimas, por lo tanto, es su deber establecer consultas inclusivas de carácter continuo para que las víctimas y otros grupos tengan voz en los procesos.
3. Cabe recordar que la misma Sala ordenó en julio de 2018 a la Asamblea Legislativa propiciar un proceso de diálogo abierto, transparente e inclusivo con los diversos sectores de la sociedad civil, especialmente con los grupos de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, las y los diputados realizaron una serie de consultas sin metodología adecuada, ni verdadera intención de atender a las demandas de las víctimas, tratando de impulsar su propio proyecto de ley con claros vicios de inconstitucionalidad que de hecho darían lugar a una segunda amnistía.
4. Que a finales de mayo de 2019, las organizaciones firmantes y grupos de víctimas entregamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley elaborada previa consulta de las víctimas y bajo los estándares que la Sala había dictado en su sentencia de 2016 y resolución de seguimiento de 2018, que debe tomarse en cuenta en este proceso.
5. Finalmente instamos a las y los diputados a no promover más la impunidad y acatar lo mandatado por la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo, la demanda de las víctimas que han reiterado en incontables ocasiones su anhelo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, finalizaron los representantes de las distintas instituciones pro derechos de las personas.
